POR RAMÓN CONTRERAS LÓPEZ*
La imputación a veinte altos cargos (ministros, policías, jueces…) por parte de la jueza argentina María Servini que lleva la querella número 4591-10 en el Juzgado Nº 1 de Buenos Aires, República de la Argentina, por los crímenes del franquismo y de la Transición, es sin duda una buena noticia.
Entre las personas imputadas se encuentra Rodolfo Martín Villa, que personaliza y ejemplariza la patraña que fue la Transición. El periplo político de este personaje transcurre desde su condición de jefe nacional del Sindicato Español Universitario, delegado nacional y secretario general del Sindicato Vertical (fascistas ambos) en los años sesenta; gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Barcelona en 1974; procurador en las Cortes franquistas; ministro de relaciones sindicales en el Gobierno de Arias Navarro en 1975. Pasando a desempeñar con Suárez la cartera de Gobernación desde julio de 1976 hasta abril de 1979; diputado por Unión de Centro Democrático. Repitiendo en el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo como ministro de Administración Territorial en 1980. Tras la desaparición de UCD entra en el Partido Popular, del que formó parte de su ejecutiva en 1988 y diputado en el Congreso. Alejado de la política activa se dedica a la empresa, habiendo sido presidente de Endesa en 1997, y de Sogecable de 2004 hasta 2010.
A este execrable personaje la justicia argentina le quiere juzgar por los sucesos de Vitoria-Gasteiz del 3 de marzo de 1976, en el que cinco trabajadores fueron asesinados y hubo más de cien heridos debido a las cargas policiales. Pero a Martín Villa también hay que juzgarlo por los acontecimientos de los Sanfermines de 1978 en Pamplona-Iruña, donde Germán Rodríguez murió por bala policial, al igual que Joseba Barandiarán días más tarde en Donostia, y donde se registraron también heridos por balas y pelotazos. Por eso, familiares de Germán y algunos de los heridos por las cargas policiales se han personado en la causa argentina.
Se dice que esta causa llega hasta las primeras elecciones, junio de 1976, pero como la figura de Martín Villa nos enseña, hubo una continuidad total en los políticos, las fuerzas policiales, judiciales…, del régimen franquista y lo que después siguió aunque hubiese elecciones o libertad de partidos. Martín Villa era ministro de la Gobernación cuando los sucesos de Vitoria en 1976, y ministro de Interior en los sucesos de Iruña en julio de 1978, como lo era en marzo de 1977 cuando la semana pro amnistía en la que murió por disparo de bala policial, entre otros, José Luis Cano en Iruña.
La celebración de las elecciones de 1976 no constituyó ningún punto y aparte, todo lo contrario, la violencia institucional se multiplicó. Con Martín Villa comienza lo que se denomina guerra sucia, no sólo contra el independentismo vasco (atentado contra la familia Etxabe), sino también contra el canario (caso Cubillo) o contra el movimiento libertario (atentado Scala).
Recientemente hemos conocido que la ONU reconoce la desaparición del navarro José Miguel Etxeberría, Naparra, ocurrida en el año 1980 y reivindicada por el Batallón Vasco Español, como un caso de desaparición forzada, y por lo tanto como un delito de lesa humanidad que no prescribe, e insta a los estados español y francés al esclarecimiento de los hechos. Con lo que tenemos un supuesto en el que se pide a la justicia que actúe sin pararse en mirar el año en que se produjo la desaparición. Lo mismo exigimos para tantas víctimas y desmanes acaecidos a partir del año 1976. Se lo debemos a la sociedad en general, y en particular a los que sufrieron, de forma más directa, la violencia del Estado.
*El autor es miembro de Sanfermines 78 Gogoan! y del Autobús de la Memoria
Fuente: Diario de Noticias