Partiendo del presupuesto teórico de que uno de los papeles fundamentales de los poderes públicos es redistribuir los recursos para permitir una sociedad más equilibrada, nuestra entrevistada ha analizado el papel desempeñado por las Administraciones autonómicas españolas de la CAV y la Alta Navarra. Recurriendo únicamente a los datos estadísticos emitidos por las propias Administraciones, nos ha evidenciado de manera demoledora que, antes que contribuir a aliviar la dura realidad socioeconómica derivada de la crisis, su actuación ha seguido dócilmente el Manual de los grandes poderes económicos. Recalca la economista que no sólo con la política institucional clásica se puede hacer frente a esta situación, como ha dejado a las claras el caso de Grecia. Por otro lado, nos ha explicado los peligros del sistema unilateral del Concierto y Convenio Económico, lastrados por la ausencia de control sobre los mecanismos de gasto del Estado -que actúan a modo de “hipoteca” de importe fijo-, el fraude fiscal, y espadas de Damocles como el anticipo unilateral -sin garantías de cumplimiento por parte del Estado- del inmenso gasto del TAV o el IVA de Volkswagen, en la Alta Navarra. Tras el cuadro idílico que se nos vende, se esconden, pues, arenas movedizas, que pueden llevar al presunto “autogobierno” a un colapso financiero cuyo rescate, seguramente, estaría condicionado al pleno abandono de cualquier reivindicación en clave soberanista. En conclusión, “la precariedad social está haciendo desaparecer las condiciones subjetivas imprescindibles para llevar a cabo el proceso de liberación de Euskal Herria […] poniendo en peligro la mínima cohesión social que subyace tanto a la identidad como a la conciencia de Comunidad, Pueblo y Nación”. Se nos plantea, pues, la necesidad del “desarrollo de una nueva economía política, fertilizada en la práctica de un pensamiento crítico […] para construirnos en nuestras relaciones económicas diarias […] en definitiva para nuestro verdadero autogobierno”.