POR TOMÁS URZAINQUI MINA
Ahora que el régimen político, impuesto a esta sociedad navarra conquistada, se resquebraja, debido a su intrínseca corrupción, a la vez que frente a él se alza la necesidad vital de la ciudadanía de ejercer el derecho humano a liberarse y arrebatar el poder a los que lo parasitan, pues no se puede olvidar que la sociedad navarra se halle bajo la losa de una dominación continua. Así es preciso recordar que las generaciones navarras de la época contemporánea -los padres de nuestros bisabuelos- vivieron cuando funcionaban las instituciones de la independencia navarra: entre ellas, las Cortes de Navarra de 1828-1829, que se opusieron firmes al traslado de las aduanas españolas del Ebro a los Pirineos, los jueces y tribunales propios que administraban justicia a los ciudadanos de conformidad con las leyes navarras, es decir, funcionaba el sistema jurídico -legislativo, ejecutivo y judicial- propio, asimismo nuestros bisabuelos oyeron hablar sobre el proyecto de las Cortes de Navarra de suscribir un contrato político con el Estado español por el que se regularían las relaciones de igual a igual entre Navarra y España, que fue brutalmente rechazado en 1830 por esta última, cuyo gobierno ordenó la inmediata persecución contra los miembros de la Diputación del Reino que tenían encomendado el mandato de negociarlo; la valiente protesta de la Diputación del Reino en 1834 por la antinavarra decisión del gobierno de España de no respetar el sistema jurídico y constitucional navarro; la emisión de la última moneda navarra en 1837; por lo que ante todo ello en 1837 se proclamó la independencia navarra por un alzamiento de ciudadanos y militares patriotas. Navarra es un sujeto político soberano hoy conquistado y subordinado. Esta situación de dependencia de toda una sociedad es de tan primordial gravedad que justifica la auto organización política de la misma. El brutal desmantelamiento por España del Estado propio navarro en 1841. La división de las dos Navarras en 1856 por el tratado ínterestatal acordado entre Francia y España. Voluntad de ser libres reiteradamente constatada, de la cual es prueba el alzamiento unitario de la sociedad navarra de 1893-94 en defensa de los derechos y libertades de los navarros, como reza en el Monumento a los Fueros que se erigió en 1903 y poco después se levantó el Monumento a los defensores de la independencia de Navarra en Amaiur el año 1922. En 1928 se pone en aplicación en todas las localidades de Navarra, sistematizando el derecho del autogobierno navarro, el Reglamento -auténtica Ley- de Administración Municipal.
Los valores cívicos, democráticos o republicanos, no son meros hechos de legitimación política, son más bien principios mínimos e irrenunciables en una sociedad donde se respeten los derechos humanos. Sin embargo, la legitimación de la lucha por la independencia está en que se le niegan a la sociedad los derechos porque está conquistada. No en que fuimos independientes, sino en que ahora los ciudadanos navarros son continuamente dependientes, conquistados y subordinados. Ese es el motivo de trabajar para ponerle fin. No solo en que “nuestra legitimidad para reclamar la plena soberanía radica en la libre voluntad democrática” ni en que “desde la memoria de lo que fuimos, luchemos por lo que debemos y queremos ser”. No es suficiente, pues luchamos no por lo que fuimos, sino por lo que ahora somos, una sociedad negada, por conquistada, subordinada y expoliada, queremos democráticamente poder escoger volver a ser libres. Es necesaria una dinámica cívica que parte del conocimiento de que somos una sociedad continuamente conquistada y por tanto negada.
El pueblo navarro ya se organizó muchas veces frente al poder que niega sus derechos y libertades, una de ellas fue en las llamadas Juntas de Infanzones bajo el lema “pro libertate patria gens libera state”. En la Gamazada de 1893-1894 los miembros de esta sociedad volvieron a unirse para defender sus derechos y libertades. Como concluye la historiadora María Soledad Martínez Crespo, en el periodo 1875-1895 “la foralidad imprimió en las manifestaciones conflictivas matices específicos” eran “formas cotidianas de resistencia”. La conflictividad social propiamente dicha estaba muy condicionada por el conflicto conquistadores/conquistados, que influye en las actividades y comportamientos, siendo los económicamente más desfavorecidos los más azotados por los efectos de la conquista continuada.
Es decisiva la fijación de la sociedad política, como sujeto activo libertador y no solo el pueblo por la connotación restrictiva del concepto. El concepto “sociedad política” es más omnicomprensivo, por los siguientes motivos: primero, el concepto de sociedad, desde el punto de vista político, es diferente y mucho más preciso que el de pueblo o comunidades; segundo, la palabra política, sociedad política, hace referencia a la estatalidad propia.
La sociedad civil atraviesa las divisiones forzadas de las fronteras administrativas, provinciales o estatales. La superviviencia de la sociedad a pesar de las particiones impuestas. Los faceros que han sido divididos en dos o más administraciones autonómicas o estatales, sin embargo, conservan la unidad de la sociedad navarra y sus derechos. La territorialidad de la sociedad es la realidad objetiva que se tiene que tener en cuenta para el ejercicio democrático por la misma de su derecho a decidir sin que pueda ser condicionado ni negado por las divisiones impuestas.
Publicado en Diario de Noticias